Integrantes del Congreso de Hidalgo propusieron la eliminación del rapto dentro del Código Penal del Estado de Hidalgo para culminar con una figura legal anacrónica como práctica de conductas contra los derechos de niñas y mujeres.
Durante la Diputación Permanente del receso del primer año de la LXVI legislatura local, la diputada Tania Eréndira Meza Escorza dijo que es momento de no admitir más demora en la derogación de ese tipo penal, pues la entidad es uno de los dos estados que aún lo tiene en su legislación.
En pleno 2025 mantener esta figura jurídica es sostener un vestigio vergonzoso de discriminación y violencia, y lo digo con toda claridad, vergonzoso, porque desde 2018 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado de manera insistente que Hidalgo junto con Nuevo león son las únicas entidades en el país que mantiene vigentes este delito”, recriminó Meza Escorza.
Recalcó que el rapto, que se ubica en los artículos 169 y 171 del Capítulo III del Código Penal, considera a las mujeres como propiedad y no como personas plenas de derechos.
Dijo que en su momento y escenario respondía a una práctica “patriarcal y misógina” en la que la privación de la libertad con fines sexuales podía remediarse con un matrimonio forzado. Ello derivó en casos de bodas de hombres con mujeres, jóvenes o hasta niñas que raptaban, para evitar la pena.
Por ello dijo que se considera que el rapto es contrario a la igualdad, a la no discriminación y progresividad de los derechos humanos, al reproducir estereotipos de género y minimiza la violencia sexual contra mujeres y niñas.
De igual forma, refirió que ese tipo penal es obsoleto y anacrónico, puesto que ya hay varios tipos delitos que cumplen con la tipificación de conductas similares y que son más protectoras en su contenido, como el secuestro, privación ilegal de la libertad o la violación.
Además, poseen sanciones más severas y un enfoque garantista de los derechos humanos, dijo.
Mantener este delito en la ley no solamente perpetúa la desigualdad, sino que da un mensaje equivocado a la sociedad, y es que en Hidalgo hay violencias que pueden minimizarse. Hoy podemos corregir ese error histórico”, refirió la diputada morenista.
Por su parte, la legisladora Guadalupe Cruz Montaño refirió que la propuesta busca fortalecer el derecho de las personas a su integridad física, sexual, psicológica y a la dignidad humana, además de que es un importante avance en la legislación en materia de derechos humanos para las mujeres.
La propuesta implica eliminar el texto del artículo 169 que dice: “Al que se apodere de una persona por medio de la violencia o del engaño, con el propósito de satisfacer algún deseo erótico sexual o para casarse con ella, se le impondrá de uno a seis años de prisión y multa de 10 a 60 días. La misma punibilidad se aplicará al que, con los fines a que se refiere el párrafo precedente, sin hacer uso de la violencia, se apodere de una persona menor de dieciocho años o que no tenga capacidad de comprender el hecho delictuoso que se comete en su persona o que por cualquier causa no pudiere resistirlo; si el medio que se empleare fuese la violencia, la punibilidad se aumentará en una mitad”.
El artículo 170 se encuentra derogado desde enero de 2022, mientras que el 171, que también se busca suprimir, implica que “el delito de rapto se perseguirá por querella de la persona ofendida o de su legítimo representante”.
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