Posesionarios de los terrenos comunales en Azoyatla, Mineral de la Reforma, pertenecientes a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), exigieron a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) y al Congreso de Hidalgo intervenir para la recuperación de predios y evitar el despojo y otros delitos de los que señalan a Jesús Oropeza Prado, líder de la Asociación de Pequeños Propietarios en Defensa de las Tierras de Azoyatla, desde hace 10 años.
Esta mañana, un grupo de integrantes de la organización campesina acudieron al Sector primario, sitio donde asistieron a las sedes de la procuraduría y del Poder Legislativo.
En la PGJH pidieron información del avance de las 13 denuncias interpuestas en contra de Oropeza Prado, de las cuales posteriormente la dirigente estatal de la UNTA, Martha López Ríos, mencionó que no hay avance, pese a que datan de 2015 por delitos como despojo.
En ellas también hay carpetas de investigación por lesiones, robo y asalto, presuntamente cometidas por el líder de la agrupación e integrantes de la misma, a la cual acusan de ser de choque para intimidar a los vecinos de las zonas donde cometen el despojo de tierras.
Los quejosos marcharon y bloquearon por momentos la lateral del bulevar Felipe Ángeles, luego se trasladaron a la entrada del Congreso de Hidalgo, a unos metros del primer punto.
Exigieron ser escuchados y la presencia de los diputados. Por varios minutos, al no ver respuesta, comenzaron a recriminar el trabajo de los mismos legisladores.
Del recinto salieron el presidente de la mesa directiva de la Diputación Permanente, Jorge Argüelles Salazar, y posteriormente el presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez Vázquez. Los quejosos expusieron sus demandas y pidieron que mediante la expedición de un acuerdo económico (exhorto) el Poder Legislativo inste a actuar a las instituciones responsables.
Ello, dijeron, antes de que el conflicto por despojo de más de 247 hectáreas en manos de la UNTA escale con incidentes de mayor consideración.
“Derivado de los procedimientos penales, se llevaría a cabo actos de investigación con el propósito de realizar trabajos periciales en la superficie citada, el 5 de agosto del año en curso. Sin embargo, fueron impedidos por diferentes personas que están ocupando la superficie que fue despojada, provocando daños en la propiedad, lesiones y ultrajes a la autoridad, sobre todo a personal que pertenece a la Procuraduría General de Justicia y a la Dirección de Servicios Periciales del área científica”, refiere parte del posicionamiento.
“Ha evidenciado que Jesús Orozco Prado y su grupo denominado Pequeños Propietarios en Defensa de las Tierras de Azoyatla de forma reiterada han despojado a diversas personas de sus inmuebles con el propósito de fraccionarlas y con la firme intención de generar asentamientos humanos”, añade.
Esta zona, así como la de El Velillo, que los manifestantes de la UNTA afirmar que también está bajo asecho del despojo, forma parte de alrededor de 600 hectáreas de las cuales el señalado -acusan- se ha apropiado de forma ilegal a lo largo de varios años; entre ellas las más de 200 hectáreas que se entregaron a 120 personas que tienen la declaratoria de terrenos nacionales tras un procedimiento ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Además del despojo, acusaron que Oropeza Prado y su agrupación con alrededor de 300 personas están cometiendo un “ecocidio” en la zona, al talar árboles y estropear la flora y fauna del polígono.
“En razón de esto, solicitamos de la intervención de esta soberanía, para el efecto de que se estudien a nivel de los planteamientos referidos y mediante un acuerdo económico, mediante la resolución correspondiente, se exhorta a las autoridades mencionadas para el efecto de que se restaure el orden en el lugar mencionado, y se desahoguen de forma pronta y expedita los procedimientos administrativos y penales en contra de los probables responsables, pues resulta inconcebible que después de todo el daño que han causado continúen ocasionando daños de forma sistemática sin ninguna consecuencia jurídica que sancione su actual”, sostuvieron los manifestantes en su posicionamiento.
Velázquez Vázquez se comprometió a analizar la petición y darle el cauce lo más pronto posible, para generar condiciones de gobernabilidad en este punto de la zona metropolitana de Pachuca, dijo.
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