El hecho de que el registro de deudores alimenticios de Hidalgo no se encuentre público impide el acceso real a saber quiénes son y evitar que se ejecute de manera efectiva la Ley 3 de 3 para que individuos con ese pendiente no lleguen o no se mantengan en el servicio público, afirmó Citlalli Pavón Macías, del colectivo Ley Sabina en Hidalgo.
Este martes, integrantes de la agrupación acudieron al Congreso de Hidalgo durante la presentación de la iniciativa que busca que el Tribunal Superior de Justicia (TSJH) se encargue de suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar de forma mensual la información sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, en el ámbito de sus competencias, utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF, para que la integre al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Tras la presentación de la propuesta de reforma, que presentó en tribuna la diputada emecista Karla Perales Arrieta, Pavón Macías dijo que la misma podría apoyar a evitar que deudores alimenticios se encuentren en puestos de poder y gobierno.
Aunque resaltó que es un paso para que el TSJH brinde información actualizada al Registro Nacional de Deudores sobre personas deudoras, refirió que aún quedan más cosas por hacer en la materia para la protección del interés superior de la niñez.
“Cabe mencionar que en el estado de Hidalgo hay un registro, pero no es público, el cual pues impide tener acceso realmente o a que se ejecute de manera efectiva la Ley 3 de 3”, recalcó la activista.
Indicó que mantener como no público el registro de personas deudoras alimenticias y que solo sea consultable para quien tenga un interés jurídico es un candado para la propia sociedad, lo cual impide que se pueda exigir a un funcionario incumplido, además de que no tendrían que ocupar un encargo público si tiene este pendiente.
“No podemos exigirles a los funcionarios, si son deudores alimenticios, que no pueden estar ocupando cargos públicos o a la sociedad civil en general que no obtengan INE, pasaportes, que obtengan bienes inmuebles, que eso es lo que nos habla la Ley 3 de 3. Entonces, no nos sirve de nada una Ley 3 de 3 si el registro no es público, porque nosotros como sociedad no podemos exigirles, no tenemos conocimiento y no tenemos acceso”, recriminó.
Consideró que mantener esa “opacidad” se debe a que detrás muchos intereses de personas violentadoras y deudores alimenticios en el poder, en las estructuras de gobierno y la administración pública.
Lamentó que la ley federal que crea el registro tiene la validez oficial desde mayo de 2023, desde hace dos años, pero Hidalgo es una de las entidades que aún sigue sin armonizarla con su marco legal.
Respecto a la polémica alrededor de los nombres de los deudores alimenticios, al considerarse que se violentaban sus derechos humanos, una de las principales barreras y resistencias para que se haga público, recordó que ya hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que acredita que hay vulneraciones a las garantías individuales, pero no hacía los deudores, sino a los niños, niñas y adolescentes que se ven afectados en el principio básico de alimentación.
“Dice que sí (SCJN), efectivamente se están violentando derechos; sin embargo, es equiparable a la que los deudores violentan los derechos de niñas, niños y adolescentes, entonces prepondera el interés superior de niñas, niños y adolescentes”, añadió.
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