El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, Andrés Velázquez Vázquez, dijo que analizará si es necesario llamar a comparecer a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, dependiendo de si el oficio a través del cual se pide su destitución cumple con los elementos y pruebas, o simplemente se torna como una “petición” sin mayores fundamentos.
Ayer, activistas defensores de los derechos humanos en diversos rubros presentaron un oficio ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo y emitieron un pronunciamiento contra la ombudsperson, a la que acusaron de banalizar, revictimizar y no hacer investigaciones a fondo.
Dijo que el Congreso es respetuoso de todo tipo de peticiones, como la de la parte quejosa, pero sostuvo que se tiene que analizarlas.
“Vamos a realizar las investigaciones correspondientes y valorar hasta dónde tiene su alcance su solicitud; somos muy respetuosos de todo lo que tenga que ver con el quehacer político y público de nuestra entidad”, manifestó.
Planteó “pleno” respeto al derecho que tienen los activistas en proceder contra Parra Bonilla, pero también de garantizar el derecho que tiene la parte señalada, dijo.
Velázquez Vázquez consideró enviar la petición de los quejosos para su análisis a la Comisión de Gobernación, que encabeza José Luis Rodríguez Higareda, y no a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a las Personas con Discapacidad, que preside la legisladora Alma Rosa Elías Pasos.
“Quizás ahorita en la de Gobernación (turnarla), porque acuérdense ustedes que es un tema que tiene que ver con un ente que es muy importante para nosotros, que en este caso es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entonces, lo vamos a tornar a la Comisión de Gobernación por el momento”, señaló.
Se comprometió a revisar personalmente el documento con los puntos que exponen los activistas.
Cuestionado si llamarían a rendir cuentas a Parra Bonilla, acentuó Velázquez Vázquez con un “naturalmente sí”, aunque primero valorarán si es necesario o no, insistió.
“Vamos a valorar si es necesario o si es una solicitud, porque muchas veces se hacen solicitudes sin contar con las pruebas y los elementos, muchas veces solamente es de palabra, o en otras ocasiones es de un escrito, pero no se tiene el sustento que en este caso justifique una acción de esa naturaleza”, consideró.
El diputado no quiso adelantar posibilidades o escenarios, como el inicio de un juicio político contra de la ombudsperson, hasta no ver la solicitud y sus planteamientos.
“Me adelantaría a algo que todavía no tengo conocimiento pleno de ello, pero con mucho gusto lo vamos a analizar”, agregó.
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