Activistas, organizaciones y colectivos acudieron al Congreso estatal pare solicitar la destitución de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, por inoperancia, banalización, revictimización y falta de investigación profunda en más de 30 casos en los que, acusan, no ha intercedido.
Pasadas las 11:00 horas del martes, acompañada de Adriana Patlán, Alan Javín Álvarez, Rafael Castelán e Irma Chávez Ríos, Aurelia Pérez Flores, víctimas de violaciones a derechos humanos, ingresó un oficio a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo para buscar la remoción de la ombudsperson.
Previamente, la activista Lizbeth Clavellina Ángeles, perteneciente a Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC (Seiinac), realizó un posicionamiento para argumentar el rechazo a la gestión de Parra Bonilla al frente del ente público autónomo.
Organizaciones y activistas de Hidalgo exigimos la destitución de la presidenta de la CDHEH y denunciamos la crisis de derechos humanos en la entidad. En el marco de los tres meses de la represión vivida por mujeres durante las marchas del 8 de Marzo, diversas organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos en Hidalgo anunciamos hoy la entrega formal de un oficio al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo”, anunció.
Al acusar que la actual gestión de la CDHEH se encuentra alejada de la ciudadanía y “apegada” al gobierno, los quejosos argumentaron presuntas irregularidades en la gestión de la funcionaria.
Acusaron que en Parra Bonilla hay una banalización de la defensa de los derechos humanos, pues acusan que ha priorizado asuntos que, aunque son relevantes, no representan las problemáticas más apremiantes del estado, al enfocarse en temas relacionados con animales y dejar en segundo plano asuntos críticos como el acceso al agua, a la tierra y el territorio.
Aunque empleó una consulta para la construcción de un plan de trabajo con la participación de organizaciones de la sociedad civil, acusaron que no ha implementado una estrategia efectiva de articulación con ellas para su ejecución y monitoreo. Ello deriva en desconfianza y minimizar los esfuerzos de quienes trabajan en la defensa de derechos humanos, acusaron.
Además, señalaron revictimización y estigmatización de poblaciones vulnerables en acciones emprendidas por la ombudsperson, lejos” de promover y proteger los derechos humanos de migrantes, niñez y adolescencia.
Recordaron cuando Parra Bonilla se introdujo a una casa de campaña junto a otros funcionarios para “emular” el periplo de persona en migración.
También la señalan por falta de investigaciones “profundas”, ya que el pronunciamiento puntualiza que no ha producido indagatorias sustanciales que reflejen la realidad de los derechos humanos en Hidalgo.
Los activistas también le reprocharon la falta e impulso a reformas legislativas clave, pues no ha promovido ni cabildeado modificaciones a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos ni se ha propuesto la creación de una ley específica para la protección de personas defensoras de derechos humanos, lo que consideraron vacíos legales que ponen en riesgo la labor de ese sector.
Existe incongruencia en pronunciamientos ante violaciones de derechos humanos. La gestión actual no ha demostrado contundencia en sus pronunciamientos ante situaciones mediáticas donde existen claros indicios de violaciones a derechos humanos por parte de agentes del Estado. En su lugar, en lugar de dar una postura firme de defensa, sus intervenciones han sido ambiguas, con escasa información y poca claridad técnica”, mencionó.
Al respecto, Patlán, activista del feminismo, refirió que el ingreso del documento es “el primer paso”, pues no descartan dar vista de los señalamientos que hacen contra Parra Bonilla a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que dependerá de la respuesta que obtengan del Congreso de Hidalgo.
Esperamos que el Congreso revise todas las cuestiones que están sucediendo, pues estamos basados justamente en la ley, en la ley orgánica y en todas las pruebas que estamos presentando de pues la inacción, la omisión contra los derechos humanos”, mencionó.
Adelantó que pedirán una reunión con el presidente de la Junta de Gobierno, el diputado Andrés Velázquez Vázquez, para exponerle la situación, así como a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad, la legisladora Alma Rosa Elías Pasos.
La activista sostuvo que como promotores de los derechos humanos al menos han documentado 30 casos que la ombudsperson no ha querido abordar, como la represión del 8M a las manifestantes, así como otros que llevan más de tres años sin respuesta o acompañamiento para no meterse en problemas con gobierno estatal, consideraron.
DatoAcro
-La mujer que ingresó el documento es la abuela de una menor que le fue arrebatada haces tres años por el DIF estatal, en cuyo proceso acusó amenazas para entregar al custodia y falta de apoyo de la CDHEH en la queja que iniciaron.
Reportero
