Ante los resultados del informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la explosión de Tlahuelilpan, ocurrida en enero de 2019, que implica una responsabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la tragedia por falta de medidas preventivas para enfrentar la extracción ilegal de combustible, el diputado José Luis Rodríguez Higareda aseguró que se deben de atender las recomendaciones y trabajar en estrategias para evitar el huachicol, pero de forma muy puntual.
A seis años de la tragedia, el organismo garante emitió varias sugerencias al Estado Mexicano, así como a la propia empresa, ante la falta de debida diligencia en garantizar los derechos humanos de las víctimas, más de 130, en la explosión ocurrida en la localidad San Primitivo tras una fuga de combustible por ordeña.
Al respecto, el represente popular del distrito donde se ocurrió la tragedia consideró no puede juzgarse “tan a la ligera” una presunta responsabilidad de Pemex o de las personas que se encontraban ese día en el punto de extracción.
Hay muchas versiones, hay muchas, lo cierto es que la tragedia sucedió, lo cierto es que hubo imprudencia de algunos habitantes, se conjugaron un cóctel muy peligroso. Si las autoridades lo están determinando, que también Pemex tuvo algo que ver, pues ahora se van a tener que hacer varias cosas”, mencionó.
Recriminó que en esa zona todavía se siga registrando el robo de hidrocarburo, actividad que derivó en la tragedia el 18 de enero de 2019.
Independientemente de lo que aconteció, recalcó Rodríguez Higareda, se deben de atender las recomendaciones e implementar medidas y acciones de concientización entre la población sobre los peligros de esta actividad ilegal.
Yo tengo la fortuna de contar con que la presidenta municipal de Tlahuelilpan (Norma Leticia Reyes Reyes), es una mujer muy sensible, de mucho trabajo, y vamos a sentarnos con ella para ver qué hacemos en conjunto para también diseñar algunas estrategias”, aseveró el diputado.
Refirió que deben seguir entablando acercamientos con los pobladores, de quienes, dijo, son gente de trabajo que se prestan al diálogo.
Hay que difundir (…). Inclusive tenemos muy buena relación con profes en escuelas porque fuimos a esos festivales en secundarias, primarias y pues tenemos que diseñar algunos programitas, y sobre todo con los jóvenes, sobre todo con los niños, también hay que hacerles ver el peligro en el que se puede meter uno con eso (robo de hidrocarburo)”, añadió.
¿QUÉ DICE LA CNDH?
De acuerdo con el reporte especial de la CNDH, Pemex tiene pleno conocimiento del incremento exponencial de las tomas clandestinas y conoce a detalle los riesgos e impactos que conlleva el manejo inadecuado de los hidrocarburos; sin embargo, su actividad se ha enfocado en clausurar los piquetes detectados y omitió adoptar medidas necesarias, razonables y efectivas para abordar el grave problema de la extracción ilegal de hidrocarburos, “lo que evidencia una indiscutible falta de debida diligencia”.
Además, a más a seis años de los acontecimientos, ni el gobierno federal, estatal o municipal se ha acercado a la comunidad o a las familias para consultarlas o presentarles acciones para la recuperación del suelo por el daño ambiental ocasionado, lo cual, asegura la comisión, incumple la obligación del Estado mexicano de prevenir y mitigar la degradación ambiental.
En tal sentido, recomienda a los tres niveles de gobierno elaborar de manera conjunta y coordinada un programa de remediación ambiental en la zona afectada, con la participación de la comunidad y las personas afectadas; hacer un plan de atención individual y colectivo, dirigido a las víctimas y a la comunidad, que incluya acciones para su atención médica, psicológica, terapéutica, el restablecimiento de su dignidad y medidas que contribuyan a evitar la repetición de los hechos.
Además, diseñar y difundir en la localidad y municipios con mayor incidencia en la extracción ilegal de combustible una campaña para sensibilizar a la población respecto del riesgo; coadyuvar con la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) para identificar a los responsables de los actos ilícitos del día de la explosión; generar fórmulas jurídicas para exigir, en su caso, la debida diligencia en materia de derechos humanos.
A Pemex, la CNDH le sugiere buscar los mecanismos adecuados para garantizar que las 13 personas lesionadas que son sobrevivientes de los hechos, previa valoración de su condición por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), accedan a la atención médica, psicológica y de rehabilitación que requieran, hasta obtener el nivel más alto de sanación posible.
Asimismo, incrementar sus recursos humanos y materiales para reforzar y modernizar los procedimientos y mecanismos para la vigilancia de los ductos; se someta al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en la actividad de transporte que realiza en los ductos, para lo cual deberá elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental y el Estudio de Riesgo correspondiente, e implementar procesos de debida diligencia para el respeto de los derechos humanos, incorporando acciones de cuidado, prevención, mitigación y control de riesgos.
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