El titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno de Hidalgo, Miguel Ángel Tello Vargas, estimó que en agosto comience el proceso de consulta a las comunidades indígenas dentro del Plan de Justicia Social para el Pueblo Otomí del Valle del Mezquital, que en el mejor escenario concluiría a principio de 2026 para concretar acuerdos que resarzan los pendientes del Estado mexicano con ese pueblo originario.
El funcionario estatal mencionó que el planteamiento hecho desde 2018 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador parece plasmarse con la propuesta realizada por el gobernador Julio Menchaca Salazar y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la construcción de un proyecto participativo.
La estructura del Plan de Justicia Social para el Pueblo Otomí del Valle del Mezquital se realiza en conjunto con Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, por lo cual en los próximos meses se prevé la aplicación de una consulta a los pueblos hñähñüs de Hidalgo.
Los planes de justicia desde ese entonces hasta ahorita tiene la finalidad de que se defina en conjunto un proyecto para resarcir los daños históricos, más que los daños, la falta de atención que han tenido los pueblos originarios”, expuso Tello Vargas.
Refirió que la intención, de acuerdo con lo que disponga el INPI y el gobierno federal, es comenzar con el proceso a partir de agosto, una vez concluyan las asambleas con pueblos afromexicanos.
Estimó que la consulta al pueblo hñähñü termine a principios de 2026 para comenzar con los acuerdos, pero dijo que otras “experiencias” señalan que los acuerdos podrían concretarse meses después.
Eso es lo que esperamos, ha habido consultas, el caso del pueblo Yaqui tomó más tiempo, como se llevan consultas y acuerdos en los cuales se firman entre las autoridades, tanto gobierno indígena como el gobierno central, el gobierno federal, puede tomar tres meses o puede tomar un año”, recordó.
Recalcó que después de la consulta se revisarán los acuerdos entre las autoridades indígenas y el gobierno para firmarlos, proceso que -insistió- toma tiempo.
Añadió que ese tipo de ejercicios no solo implica atender las necesidades económicas de los pueblos originarios, sino también cuestiones de carácter ideológico y culturales, como la disminución considerable de personas que hablantes lengua originaria.
Pese a que Hidalgo es el estado con más población hablante otomíes, la gran mayoría no lo escribe ni lo lee.
Lo que estamos buscando en forma conjunta es desarrollar todo un producto, un plan que ayude a que no se pierda la lengua, a que no se pierda en las culturas, a que se mantengan vivas las tradiciones y, también, a resarcir daños en infraestructura”, expresó.
Los recursos para el proceso de consulta, así como la logística para su aplicación, los definirá el INPI, mencionó.
OTOMÍES, PERO NO NAHUAS
Tello Vargas recordó que el gobernador presentó dos proyectos, uno para el pueblo otomí y otro para el nahuatl, que tiene mayor número de hablantes en la entidad, pero solo se aprobó el Plan de Justicia Social para el Pueblo Otomí del Valle del Mezquital.
No se aprobó, no sé, desconozco cómo sea el proceso de autorización del INPI, pero el que sí, y territorialmente, geográficamente es el que más abarca (es el otomí). Aunque hay una mayor cantidad de hablantes náhuatl en el estado, territorialmente los que más abarcan territorios son los otomíes”, refirió.
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