El gobierno municipal de Singuilucan afirmó que el embargo efectuado ayer por 24 extrabajadores, por el impago de un laudo de 21 millones 408 mil pesos, provocó una “parálisis operativo” en diversas áreas gubernamentales, al estar imposibilitado para ejercer recursos económicos por el congelamiento de cuantas bancarias.
Tras la acción legal para embargar recursos económicos, predios y propiedades de dominio público por la demanda laboral que data de 2016, el ayuntamiento indicó que el abastecimiento y operación de los Centros de Alimentación, Encuentro y Desarrollo Comunitario, “que benefician a alumnos de nivel básico”, se ve afectado.
Asimismo, la compra de diésel y gasolina para el funcionamiento de las unidades móviles que para traslados médicos a personas que requieren atención urgente o especializada.
También está temporalmente suspendido el servicio de recolección de basura por la falta de combustible para el funcionamiento de las unidades, aunado al pago de otros servicios básicos “que permiten la atención al público” y el desarrollo de actividades administrativas, así como el cumplimiento de compromisos con proveedores y contratistas.
Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda generar en la vida cotidiana de nuestras familias y reiteramos que se están realizando las gestiones legales necesarias para resolver esta problemática a la brevedad posible, siempre buscando salvaguardar el bienestar y los intereses del pueblo de Singuilucan”, añadió el gobierno de la alcaldesa Yazmín Dávila López.
Ayer, la edil indicó que entre las propiedades embargadas se encuentran el auditorio, la plaza municipal, la presidencia municipal, un terreno de 2 hectáreas previsto para el nuevo panteón municipal, áreas verdes en las comunidades de La Comunidad y El Varal, la presidencia, la capilla de San Joaquín, la Casa de Salud de El Susto y hasta una fosa séptica.
Junto a ello, añadió, se encuentran todas las cuentas bancarias de municipios, mismas que poseen recursos federales, dinero para la operatividad del ayuntamiento y seguridad pública, obras públicas y otras acciones.
La morenista acusó negligencia y opacidad de las administraciones de Mario Hugo Olvera Morales (2016-2020) y Marcos Miguel Taboada Vargas (2020-2024), lo que provocó que ahora el ayuntamiento deba pagar con patrimonio de la ciudadanía.
En entrevista radiofónica, la alcaldesa dijo que a su llegada a la alcaldía había cinco laudos, dos de cuales negociaron, por lo que el ayuntamiento enfrenta tres, entre los que se encuentra el de los 24 extrabajadores, a quienes calificó de “vividores”.
Afirmó que al arribar al ayuntamiento, en septiembre de 2024, enfrentaban 70 demandas laborales con un estado procesal “prácticamente para perderlas”. Actualmente, dijo, tienen tres procedimientos de la pasada administración.
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-El municipio llegó a acuerdo con seis de los 30 extrabajadores involucrados en el laudo, con quienes firmaron convenios, dijo la edil.
-Dávila López dijo que ya comenzaron acciones legales contra el embargo.
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