El revés judicial que el pasado 27 de marzo recibió Gerardo Sosa Castelán prendió las alertas en el seno de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y de Grupo Universidad, pues tendrá que enfrentar un juicio por su presunta responsabilidad en el blanqueo de dinero de la casa de estudios, a través de triangulación con empresas fachada vinculadas al grupúsculo que tiene bajo su control a la institución educativa dese hace cuatro décadas.
El fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Apelación en el Estado de México también exhibió y dejó entrever la corrupción de la que, se acusa, es cautivo el Poder Judicial de la Federación (PJF), próximo a renovarse en medio de un proceso electoral digno del surgimiento de nuevas estrellas de TikTok e Instagram, pues es en lo que se están convirtiendo los aspirantes a juzgadores en busca de ganar simpatías y votos en las urnas el próximo 1 de junio.
El año pasado, Gregorio Salazar Hernández, juez de control federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, responsable de la causa penal 263/2020 en la cual la Fiscalía General de la República (FGR) acusa al dueño fáctico de la UAEH de delincuencia organizada y lavado de dinero, aceptó realizar una audiencia para analizar la petición de la defensa de sobreseer el caso contra Sosa Castelán y absolverlo de ambos delitos.
Pese a que el caso ya se encontraba en etapa de apertura a juicio, el juzgador permitió que se desahogara el testimonio del contador público Juan Carlos Villalobos Vázquez, con el cual el exrector intenta revertir la acusación de movimientos financieros ilícito con recursos de la casa de estudios a través de un esquema de blanqueo.
Ello implica la valoración de un medio de prueba, identificada como la número 39, fuera de la etapa procesal indicada; es decir, el juicio oral. Con esa irregularidad, Salazar Hernández exculpó de toda responsabilidad al líder de Grupo Universidad, basado un informe pericial contable en el que se asegura que dos contrato de préstamo, de 2017 y 2018, son lícitos, pese a que la imputación comprende del 2011 al 2018.
Es decir, el juez decidió anular la causa penal sin desvirtuar todos los hechos y datos de prueba que sirvieron para emitir el auto de vinculación a proceso en septiembre de 2020: más de 50 no le parecieron relevantes.
El fallo, revertido por un Tribunal de Alzada conformado por tres magistrados federales, deja dudas sobre el actual del juez de control. ¿Desconoce la ley una persona con su posición en el sistema penal o hay algo más detrás de su resolución?
Ahora Gerardo Sosa deberá acudir ante un Tribunal de Enjuiciamiento para enfrentar las acusaciones de la FGR. De acreditarse el saqueo de recursos de la casa de estudios, más de un integrante del Grupo Universidad estará en la mira y la figura de quien da nombre a la Torre de Posgrado deberá dejar de ser usada por sus huestes como ejemplo de “progreso” universitario y puesto en la dimensión que merece: la del saqueador de una institución educativa.
Editor general, reportero
