Gerardo Sosa Castelán, líder de Grupo Universidad, volverá a portar un brazalete y a sujetarse al resguardo de las medidas de vigilancia de la autoridad que tenía decretadas antes del 25 de septiembre de 2024, además de que enfrentará ante un Tribual de Enjuiciamiento el juicio en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, determinó el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito con sede en Toluca.
De acuerdo con la toca penal 17/2025, de la cual Acrópolis Noticia posee copia, el Tribunal de Alzada resolvió fundada la apelación que la Fiscalía General de la República (FGR) ingresó el 30 de septiembre pasado, a través de las fiscalías Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Especial en Materia de Delincuencia Organizada, contra el sobreseimiento parcial que el juez de control Gregorio Salazar Hernández dictó en favor del exrector de la Universidad Autónoma del Estado (UAEH) en la causa penal 263/2020.
En fallo efectuado el 27 de marzo de 2025, los magistrados Rodolfo Martínez Abarca y Fernando Córdova del Valle y la secretaria en funciones de magistrada Bethsabé Canseco Sosa determinaron que el juzgador de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, no contaba con facultades para dejar sin efecto las acusaciones contra Sosa Castelán el pasado 25 de septiembre de 2024.
Ese día, en la audiencia para plantear el sobreseimiento del caso, Salazar Hernández permitió que se desahogara la testimonial del contador público Juan Carlos Villalobos Vázquez, ofertada por la defensa, consistente en un dictamen sobre dos contratos de préstamo celebrados por exrector de la UAEH, relativos a 2017 y 2018, con lo cual pretendió establecer la “licitud” en los recursos y transferencia a Gerardo. Ello, pese a que la imputación de la FGR señala que la “organización delictiva” que presuntamente encabezó el líder de Grupo Universidad efectuó operaciones con recursos de procedencia ilícita entre 2011 y 2018, no solo por dos años.
En su argumentación, aseveró que el origen de esos recursos era “lícito”, al tener declaración ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), con lo que consideró procedente la petición por no observar hechos delictivos: ni operaciones con recursos de procedencia ilícita ni delincuencia organizada.
Con ello, el juez de control valoró anticipadamente un medio de prueba -identificado con el número 39- que debía hacerse hasta el juicio oral, pues no tenía facultades para anular el caso debido a que ya no era de su competencia, determinaron los magistrados.
De manera que, si el asunto ya se encontraba en la etapa de juicio, ello inconcusamente pone de manifiesto que el Juez de Control ya no tenía facultades para conocer de la solicitud de sobreseimiento”, dice la resolución.
Por ello, el Tribunal Colegiado dejó sin efectos el levantamiento de las medidas cautelares a las que estaba sujeto Sosa Castelán, consistente en la portación de un brazalete, además de que el Tribunal de Enjuiciamiento, a cargo del juez federal Rogelio León Díaz Villarreal, deberá continuar con el trámite del juicio por la imputación de delincuencia organizada y blanqueo de dinero de la UAEH por 58 millones 245 mil 948 pesos, a través de Contabilidad del Siglo XXI Pachuca y un conjunto de empresas fachada (causa penal 263/2020).
Aprehendido el 31 de agosto de 2020 y vinculado a proceso el 6 de septiembre siguiente, el procedimiento contra el expresidente del Patronato Universitario se ha prolongado por más de cuatro años, durante los cuales fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 1 del Altiplano, en Estado de México, tuvo una intervención quirúrgica a nivel cerebral, obtuvo el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria y luego a brazalete electrónico para su ubicación, así como un revés en el fallo que lo absolvía de los dos delitos federales.
DatoAcro
-Con la revocación de la audiencia del 25 de diciembre de 2024, el juzgador deberá considerar “notoriamente improcedente la solicitud de sobreseimiento” de la causa penal 263/2020 y precisar que carece de facultades para conocer de ese planteamiento, pues el asunto ya se encuentra en etapa de juicio.
-El juez de control dictó auto de apertura a juicio oral desde el 5 de junio de 2023. La audiencia de debate estaba programada para el 3 de junio de 2024, pero se reprogramó a petición de la FGR por no poder citar a algunos testigos. La postergación del caso fue aprovechada por la defensa de Sosa Castelán para pedir terminar de forma absolutoria su proceso penal.
Editor general, reportero
