Hay más carpetas por caso de violación a menores en Zimapán 

La Procuraduría General Justicia de Hidalgo (PGJH) tiene más carpetas de investigación en el caso Zimapán, relacionado con la violación de dos menores de edad, en el cual fue imputado Willy Trejo y su esposa en 2023, pero no vinculados a proceso por una jueza de control estatal.

Tras los bloqueo efectuado esta mañana en las entradas de la ciudad y en las inmediaciones de palacio de gobierno, el titular de la dependencia, Francisco Fernández Hasbun, afirmó que no podía señalar cuántas personas más están implicadas en las indagatorias por el sigiloso de la investigación.

En conferencia en palacio de gobierno, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, aseveró que se acercaron a los operadores para entablar un mesa de diálogo, a lo que -dijo- se negaron. Aseveró que, por voz de “ellos mismos”, pertenece al Sindicato del Cemento.

Pareciera que es el mismo que intentó penetrar por la fuerza en el municipio de Zimapán y que ha encontrado la oposición de los trabajadores y de las empresa minera de la zona”, expuso. 

Olivares Reyna sostuvo que “pareciera” que hay un sesgo político detrás de las movilizaciones.

Según el funcionario, la mayoría de los transportistas proviene de “otros estados”, como Estado de México, según sus placas, a lo que el subsecretario de Gobierno, José Arturo Sosa Echeverría, afirmó que los camiones de volteo comenzaron a llegar a las 02:00 horas y de pick ups bajaron las lonas que colocaron en algunos camiones.

En el caso, en el que fue imputado el político  y empresario morenista, dijo, la investigación es compleja y a estas alturas no se puede identificar “qué otras personas son responsables”.

Hay varias línea de investigación y esa líneas de investigación apuntan a diferentes presuntos responsabilidades” sostuvo.

Insistió, al igual que el titular de la PGJH, que el caso se encuentra en los tribunales federales, en revisión de amparo, y aseveró que  “no hay razón” para los bloqueos en plació de gobierno y la ciudad sugiriendo que las autoridades estatales “no han resuelto”.

Rechazó que exista encubrimiento del gobierno del estado para proteger a morenista, quien ha sido operador político y contratista de la administración estatal.

En marzo de 2023, la jueza de control Janett Montiel Mendoza determinó no vincular a proceso a los imputados, por lo que la parte acusadora recurrió a la segunda instancia, donde la determinación fue ratificada.

Por ello, las víctimas indirectas promovido un amparo, el cual fue resuelto a su favor para que la jueza dicte una nueva resolución tomado en cuenta la declaración de las menores, quienes señalan al empresario, su tío. Sin embargo, el expediente de encuentra en revisión de un Tribunal de Circuito federal.

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