El diputado Juan Pablo Escalante Urban presentó una iniciativa para que fraccionadores y promotores de la venta de viviendas no se desentiendan de su obligación de municipalizar estos espacios o, de lo contrario, se hagan acreedores a multas que van desde los 113 mil hasta los 226 mil pesos.
En sesión de la Diputación Permanente, el legislador de Morena propuso reformar la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la entidad en materia de entrega-recepción de fraccionamientos, para reducir la incertidumbre de que la población sobre acceso a servicios públicos básicos al adquirir un inmueble.
En su exposición de motivos, Escalante Urban refirió que durante la primera década del siglo XXI hubo sobreproducción de vivienda para su comercialización, lo que propició una expansión urbana desmedida, impactos medioambientales y carencia de servicios básicos como agua o electricidad, a lo que se suma una regulación laxa en el proceso de entrega-recepción con el municipio de las zonas en donde se construye.
Al evadir su responsabilidad de otorgar áreas a favor de la comunidad, los vecinos y al municipio, dijo, los fraccionadores propician carencias y que se consideren en ciertos aspectos lugares irregulares, dijo. De igual forma, las personas optaron por abandonarlas, expuso.
Las viviendas abandonadas tuvieron una propensión para convertirse en basureros clandestinos e incrementar las tasas de delitos violentos o dolosos. Estos espacios se configuraron en zonas de riesgo afectando la calidad de vida de las familias y modificaron las conductas de las personas debido a la inseguridad percibida en el ámbito urbano”, mencionó.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV, 2024), citó, en Hidalgo existen 229 mil 124 viviendas deshabitadas: el 26.73 por ciento del total existente en la entidad.
Añadió que los municipios con cantidad de casas no habitadas son Pachuca, con 20 mil 201; Mineral de la Reforma, con 25 mil 297, y Tizayuca, con 29 mil 838 viviendas. En este último municipio, que representa, el 83.78 por ciento de los fraccionamientos se encuentran en situación de irregularidad: no han cumplido con el proceso de entrega-recepción o municipalización, según cifras de 2021.
La propuesta de reforma del morenista implica agregar el apartado X al artículo 156 de esta ley para puntualizar que los fraccionadores, promotores y propietarios tendrían como nueva obligación iniciar con los trámites para la municipalización dentro de los 60 días posteriores a la venta del 50 por ciento del total de los lotes y/o viviendas autorizados por las autoridades para el fraccionamiento o etapa correspondiente.
Asimismo, agrega el apartado VI Bis al artículo 193 sobre las infracciones, por lo cual establece que el fraccionador que no cumpla con la obligación de iniciar y concretar la municipalización de los fraccionamientos, en los términos y condiciones establecidos por esta ley y su reglamento, se harán acreedores a una multa de mil y a 2 mil veces el valor de la Unidades de Medida y Actualización (UMA).
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