A modo de promoción, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, presentó a la jueza de control Karina Vértiz Marín -que ha sido señalada por perfiles político y víctimas por sus resoluciones- como perfil a considerar y elegir en el próximo proceso electoral para la renovación de jueces y magistrados del Poder Judicial de la entidad y federal.
Durante la mesa de acercamiento que encabezó en la colonia Buenos Aires de Pachuca, el funcionario presumió la presencia de servidores públicos que forman parte de su equipo de trabajo, de quienes -dijo- cuentan con prestigio, buena imagen y formación profesional reconocida, tenor en el que sumó a la jueza local.
Déjeme presentarles a una juez de las que son parte del Tribunal Superior de Justicia, tal vez ustedes con esa referencia ya identifican, y esta juez es Karina Vértiz Marín, que el día de hoy nos hace favor de acompañar”, dijo el funcionario estatal.
Al recalcar que la jueza pertenecía a este grupo de “personalidades distinguidas”, recordó a los asistentes sobre el proceso que se vive para la renovación de las autoridades judiciales en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y los locales.
Añadió que es “súper importante” que la población identifique a quienes pueden ser sus autoridades judiciales porque será quien va a elegirlas, teniendo en cuenta que sea “un perfil honorable, recto, que no haya ninguna tacha en cuanto a su vida profesional”, inclusive familiar.
Tengan muy en cuenta esto que les estoy diciendo, por favor, porque en algún momento van a ser requeridos para que ustedes elijan a sus autoridades judiciales, y no deben de olvidar el nombre de Karina Vértiz Marín aquí presente”, recalcó Olivares Reyna para promocionar a la jueza.
De acuerdo con el artículo 96 de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el Poder Judicial Federal, “para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos.
Asimismo, señala que “los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna”.
Esa prohibición se réplica en las propuesta de modificación al artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, presentada por Morena y el Partido del Trabajo el pasado 24 de septiembre, para la implementación de la reforma judicial en el ámbito estatal y la elección de juzgadores locales.
SEÑALAMIENTOS A PROMOVIDA
El perfil de Vértiz Marín, jueza de control estatal, ha sido señalado por algunas de sus determinaciones judiciales en casos de políticos opositores y de víctimas de delitos.
El exdiputado Cipriano Charrez Pedraza, quien en 2029 fue vinculado a proceso por la juzgadora por el delito de homicidio doloso, por la muerte de un joven que falleció calcinado en su auto tras un choque automovilístico que en octubre de 2018, la consideró como jueza de “consigna” del gobierno estatal.
Incluso, indicó que inició una carpeta de investigación en su contra al calificar sus actuaciones judiciales como “un exceso”. Entra ellas, por no retirarle la medida cautelar de prisión preventiva el 22 de junio de 2022 -todavía en el sexenio de Omar Fayad Meneses, a quien acusó de perseguirlo políticamente-, cuando por orden de un amparo Vértiz Marín reclasificó el delito de homicidio que le imputaban al alcalde de Ixmiquilpan de doloso a culposo.
El 23 de agosto de 2023, Leslie Moreno Muñoz, víctima de violencia ácida, acusó complicidad e irregularidades en la resolución de Vertiz Marín, quien determinó no vincular a proceso a Katia E.O., a quien la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) imputó como la autora material de la agresión ocurrida el 25 de agosto de 2015.
Yo cada día pierdo más la fe en el sistema de justicia, cómo es posible que dos veces se llevó a juicio (sic) a esta criminal; una, solamente el juez pedía que se hiciera un reconocimiento físico y que se volviera a librar la orden de aprehensión, y en la segunda (vez que intentaron imputarla) me dice (la jueza) que son meras suposiciones después de todos lo actos de investigación que se han presentado y las pruebas”, expresó.
Su caso motivó la llamada Ley Leslie, a través de la cual se incorporó en el Código Penal estatal el capítulo de lesiones inferidas por sustancias químicas o corrosivas, que contiene agravantes por ese tipo de ilícitos con uso de ácido.
El 27 de enero del año pasado, Haideé Franco Moreno, víctima de violencia familiar, acusó a la juzgadora de revictizarla, pues tras vincular a proceso a su presunto agresor el 28 de julio de 2022, le ordenó a ella comparecer para ser entrevistada por la defensa, pese que se encontraba en Estados Unidos.
Asimismo, consideró esa actuación como una manera de dilatar el procedimiento para que Jaime, el imputado, a quien identificó como un funcionario del C5i, obtuviera una suspensión condicional en la causa penal 354/2022.
(Con información de Gerardo Ávila)
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