El titular de la Contraloría del estado de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, confirmó que en más de 20 ayuntamientos encontraron irregularidades en conjunto por 180 millones de pesos en sus actas de entrega-recepción, por lo cual iniciaron denuncias y carpetas de investigación ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).
En entrevista, el funcionario estatal refirió que hizo recomendaciones a los expresidentes municipales para evitar ciertas acciones que vulneraran al ayuntamiento posteriormente; sin embargo, algunos no hicieron caso a dichas sugerencias, lo que se refleja en carpeta de investigación.
Yo creo que es una dinámica que seguiremos trabajando en el tema muy particular de los que están haciendo despidos, el gobierno ha sido muy contundente en decir que no les va a dar ningún recurso de carácter extraordinario para pago de laudos, demandas laborales”, manifestó como uno de los conceptos que pidió a las pasadas administraciones evitar hacer sin fundamento.
Indicó que los ayuntamientos que hagan despidos tendrán que enfrentar las consecuencias de pagar con el recurso de su administración los pasivos laborales, y en el caso de los pasados gobiernos que realizaron estas “irresponsabilidades”, los actuales alcaldes tendrán el derecho de denunciar.
Bardales Ramírez indicó que en las más de 20 denuncias interpuestas por los ayuntamientos la Contraloría colaboró para que estén en manos de la PGJH.
“Nosotros lo único que hemos hecho es colaborar con ellos, en las áreas jurídicas de darle la asesoría, la asistencia, en eso, y por eso es que a nosotros tenemos los documentos”, subrayó.
Sobre el origen de estas denuncias, refirió que son por obra pública inconclusa o pagada y no ejecutada, por bonos otorgados y por conceptos diversos que dejaron un pasivo al ayuntamiento.
El secretario omitió señalar de que ayuntamientos se trata; no obstante, calculó que la observación económica por estas anomalías implica 180 millones de pesos.
NEPOTISMO
Sobre el caso del ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, en el cual se señala a la alcaldesa Lorena García Cázares y funcionarios locales de tener en el organigrama a más de 30 personas presuntamente emparentadas, Bardales Ramírez aseguró que la Contraloría comenzó con la investigación dos semanas previas de darse a conocer el caso.
En tanto, cuando se hizo público en medios de comunicación y redes sociales, la dependencia acudió a hacer las verificaciones y confirmó que el nepotismo se acredita en cuatro casos.
Encontramos en cuatro casos que investigamos nosotros que eran señalamientos que nos habían dicho de los parentescos; el nepotismo se da hasta cuarto grado de parentesco (…), en cuatro casos que nosotros comprobamos que sí había, caía en esas situaciones”, confirmó.
El contralor estatal aseveró que el personal con parentesco actualmente ya no está dentro de la nómina en Tulancingo, por lo cual, puntualizó, solamente se configuró una falta de carácter administrativo.
Esas cuatro personas no están laborando, no recibieron una remuneración, con que la ciudadanía fue tan clara de inmediatamente, no llevan dos meses ahí trabajando, no llegó al pago ni siquiera el pago de una remuneración”, aseguró.
Como este caso, refirió, también hay señalamientos de presunto nepotismo en otros tres ayuntamientos, aunque omitió dar los nombres.
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