Está mañana se llevó a cabo una audiencia de control judicial en la cual la asesoría jurídica de María Teresa Paulín Ríos, exdirectora del Instituto de Artes de la UAEH, apela la determinación del Ministerio Público de no ejercer acción penal contra cuatro estudiantes por los delitos de privación de la libertad, amenazas y daño en la propiedad, derivado de los hecho ocurridos el 19 de septiembre de 2023 en la Edificación Central de Abasolo.
Pese a que la audiencia era pública, el juez de control David Adrián Martínez Santiago cuestionó a las partes si no pedirían que fuera privada, por lo cual la representación social hizo la solicitud.
El argumento para decretar la privacidad del acto es que las personas señaladas como probables responsables no habían comparecido en la carpeta de investigación, por lo que se pretendí evitar la ventilación de datos reservados.
Tras inducir a esta medida, el juez desalojó a los representantes de los medios de comunicación de la sala 3 de los juzgados de Pachuca y dijo desconocer el motivo de su presencia, pese al principio de publicidad que existe en el sistema penal acusatorio.
María Teresa Paulín Ríos, exdirectora del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), se presentó este viernes en los juzgados de Pachuca a controvertir la negativa del Ministerio Público para imputar a cuatro estudiantes que señala de los delito de amenaza y privación ilegal de la libertad, derivado de los hecho ocurridos en el Edificio Central de Abasolo el 19 de septiembre de 2023.
En audiencia de control judicial efectuada esta mañana en la sala 3, el juez de control David Adrián Martínez Santiago ordenó al Ministerio Público ejercer acción penal y judicializar la carpeta de investigación por el delito de amenazas.
Además, le dio un término de 10 días para volver a determinar sin usar sesgos en la formulación de ese delito, así como definir si se configura o no el ilícito de privación ilegal de la libertad.
La integrante de la UAEH aseguró que el juzgador subrayó la omisión de la información que presentó la representación social.
La denuncia de Paulín Ríos se deriva de la irrupción que el año pasado efectuaron alumnos paristas en el edificio de Abasolo, en protesta por la designación de la académica como directora del Instituto de Artes. Tras el ingreso de los manifestantes que la buscaban, la exfuncionaria universitaria se escondió en una bodega que fue rodeada por los mismos; posteriormente fue extraída por un grupo de choque de la UAEH, lo que desencadenó un enfrentamiento en el que estudiantes fueron golpeados.
La también actriz afirmó que, además de los hechos del 19 de septiembre de 2023 -en los que acusa haber sido víctima de dos delito-, ha recibido amenazas, de las cuales dijo tener ubicados a los responsables.
INDUCE A PRIVACIDAD
Pese a que la audiencia era pública, el juez de control cuestionó a las partes si no pedirían que fuera privada, por lo cual la representación social hizo la solicitud.
El argumento para decretar la privacidad del acto es que las personas señaladas como probables responsables no habían comparecido en la carpeta de investigación, por lo que con la reserva se pretendí evitar la ventilación de datos reservados.
Tras inducir a esta medida, el juez desalojó a los representantes de los medios de comunicación de la sala 3 y dijo desconocer el motivo de su presencia, pese al principio de publicidad que existe en el sistema penal acusatorio para asistió a una audiencia.
Editor general, reportero