El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, Andrés Velázquez Vázquez, rechazó que la intención de desaparecer siete organismos autónomos federales represente un desmantelamiento de instituciones, pues dijo que es un cambio que forma parte del “sello” de cada titular del Poder Ejecutivo.
Tras el aplazamiento de la discusión del dictamen en el Senado de la república, adelantó que una vez llegue al Congreso de Hidalgo, de mayoría morenista, irá en el mismo sentido que el Poder Legislativo federal.
Aseveró que la propuesta va en torno “al proyecto de transformación” y a reorganizar las instituciones, como reestructurar, crear nuevas secretarías o hasta un gabinete ampliado, atendiendo el contexto, geopolítico y ambiental.
Velázquez Vázquez dijo coincidir con la propuesta de extinción de los organismos autónomos, que proviene del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, negó que se trate del desmantelamiento de instituciones, pues aseguró que a lo largo de los 32 años que tiene en el sector público ha sido común observar que haya cambios y transformaciones aplicados por cada administración federal.
Hasta el momento, afirmó que no ha hablado sobre el panorama de desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (Itaih) con su presidenta, Myrna Rocío Moncada Mahuem, organismo que se extinguirá en caso de la eliminación del Instituto Nacional Acceso a la Información (INAI)
El dictamen que se discutirá en el Congreso federal pretende la extinción al Inai; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); así como las comisiones Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoradu); Reguladora de Energía (CRE) y la Nacional de Hidrocarburos (CNH).
DatoAcro
-El presidente de la Junta de Gobierno refirió que aún no se aborda la reposición de la consulta indígena y si la empresa SEAP Consultores, que cobró 9.7 millones de pesos por el ejercicio que anuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hará responsable de reponerla.
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