Este lunes comenzó el juicio oral contra el director del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo (SRHT) en el sexenio del priista Francisco Olvera Ruiz, Sergio Islas Olvera, imputado por el delito de peculado, a más de nueve meses de su reaprehensión.
De acuerdo con la imputación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), los hechos que se investigan ocurrieron durante el periodo en el que el imputado se desempeñó como director general del ente, lapso en el que fueron celebrados contratos millonarios con un detrimento patrimonial a la institución por 242 millones 492 mil 793 pesos, vinculado con la llamada Estafa Maestra y el uso de empresas fantasma.
Durante la audiencia de este días se desahogaron tres testimoniales, uno de ellos fue el de Christian Guerrero Barragán (preso en el penal de Pachuca), también exdirector del SRHT y su sucesor, quien estuvo en el cargo durante el sexenio del expriista y actual embajador de México en el Reino de Noruega, Omar Fayad Meneses.
En el periodo de Islas Olvera al frente de la dependencia, Guerrero Barragán -imputados por el delito de ejercicio indebido del servicio público por la pérdida de 11 concesiones de radio durante su gestión (2016-2022)- era su subordinado, por lo que declaró sobre los contratos señalados.
Esta es la primera audiencia de juicio contra el exfuncionario de Olvera Ruiz, relacionado con la firma de contratos con entes federales en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El próximo 19 de junio se llevará a cabo la siguiente.
Islas Olvera fue reaprehendido en Tecamachalco, Estado de México, por fuerza federales y estatales de ambas entidades el pasado 25 de agosto de 2023, fecha hasta la que estuvo sustraído de la justicia por más de cuatro.
CULPABLE DE OTRO DELITO
Antes, fue detenido el 19 de julio de 2017, acusado por el delito de negociaciones indebidas en agravio de la administración pública, en la causa penal 84/2017. En ella se le imputó el desvió de más de 77 millones de pesos el ente.
En diciembre de ese año fue condenado a dos años seis meses de prisión, a través de un procedimiento abreviado en el que se declaró culpable, pero lo enfrentó en libertad. Sin embargo, debía reparar el agravio por 77 millones 919 mil 524 de pesos, pero no lo hizo.
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