Gerardo Sosa Castelán, imputado por presunto blanqueo de dinero de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), obtuvo por parte del juez de control de la causa 263/2020 el retiro de la medida cautelar de resguardo domiciliario que se le impuso el 3 febrero de 2022, aunque utilizará brazalete electrónico para su ubicación.
Ayer, mediante audiencia de revisión de medidas cautelares el juez de control federal con residencia en Almoloya de Juárez Gregorio Salazar Hernández, tras un debate de tres horas, resolvió el cese del confinamiento domiciliario al líder del Grupo Universidad, que controla la UAEH, que mantuvo un año tres meses.
La defensa de Sosa Castelán solicitó el cambio de medidas cautelares al transcurrir más de 4 años de que se instauró el proceso en contra de su defendido sin que aún se celebre su juicio, lo que contraviene el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece un plazo máximo de dos años para que una persona se le juzgue, señaló.
Se tenía previsto el inicio del juicio del caso por el cual se le señala a Sosa Castelán por operación de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y defraudación fiscal el próximo 3 de junio, de acuerdo con el portal de audiencias del Consejo de la Judicatura Federal.
Sin embargo, en días pasados que la fiscal Elvia Ángeles Pérez ingresó un escrito donde manifestó su imposibilidad de reunir a sus testigos, por lo que pidió el diferimiento del juicio, misma que se otorgó sin tener fecha confirmada.
EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA MEDIDA
La nueva medida quita la prohibición a Sosa Castelán para salir del domicilio donde permanecía detenido, por lo que ahora podrá desempeñar actividades fuera del mismo y continuar con su tratamiento médico.
Para mantener el monitoreo de su localización, la medida cautelar de uso de brazalete electrónico persiste hasta que se celebre el juicio oral.
El expresidente del patronato de la UAEH fue detenido por agente de la Fiscalía General de la República (FGR) el 31 de agosto de 2020, en calles de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, en cumplimiento a tres órdenes de aprehensión por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y defraudación fiscal equiparada, y trasladarlo al penal federal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, en Estado de México.
Posteriormente, el 6 de septiembre de 2020 se le vinculó a proceso por su presunta responsabilidad por uso de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero por 58 millones 245 mil 948 pesos.
En el penal federal estuvo ingresado hasta el 3 febrero de 2022.
DatoAcro
-El cambio de medidas que le permite salir al líder de Grupo Universidad se da en el contexto de la confrontación del PT, donde su agrupación política tiene candidaturas al Senado, diputaciones federales y locales y alcaldías, con Morena y gobierno estatal.
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