El Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo impuso medidas cauteles al candidato de Morena a Senado por la entidad, Cuauhtémoc Ocho Fernandez, y a su partido para que “cesen” cualquier levantamiento de censos y se abstengan de hacer promesas de entrega de calentadores y del programa becas Benito Juárez a la ciudad.
Esta medida se impuso tras la denuncia del presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Mendoza Bustamante, efectuada el 20 de marzo de 2024, contra Ocho Fernández por la presunta entrega de bienes y servicios y uso de programas sociales con fines electores en su beneficio.
De acuerdo con el video que presentó el tricolor como evidencia para acreditar su queja, una operadora de Morena en el mercado de Piracantos, en Pachuca, levanta censos ofreciendo enseres y la inscripción al esquema federal de apoyo a estudiantes, y se refiere al exfuncionario osorista.
Derivado de ello, el INE realizó una investigación en el centro de abasto, donde locatarios reconocieron la presencia de una mujeres con indumentaria y emblemas correspondientes a Morena.
Existen indicios mínimos de que la conducta se realizó en los términos denunciados, por ello se propone declarar procedente el dictado de medidas cautelares bajo la figura de la tutela preventiva”, señala el proyecto que fue aprobado por el pleno.
El ente comicial consideró que los hechos denunciados son de naturaleza ilícita y que podría ser “un riesgo a la libre voluntad de los electores” si la conducta que denunció el PRI fuera reiterada.
El INE indicó que la entrega y gestión de programas sociales corresponde a los entes gubernamentales y no a los partidos, por lo que se ordenó al líder moral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Hidalgo abstenerse de vincularse acciones que prometan la entrega de bienes o servicios que represente una presión hacia el electorado.
Aclaró que las medidas cautelares ordenadas no prejuzgan la existencia de las infracciones denunciadas, por lo que no se viola la presunción de inocencia, ya que no se resuelve “el fondo de la controversia planteada”.
Previo a la votación, al representante de Morena ante el INE Hidalgo, Baldemár Amador Zavala, afirmó que no existen elementos e información suficientes para la medida impuesta, pues alegó que las investigaciones no son concluyentes y que los locatarios no identificaron a la persona que ofrecía los bienes y programas.
De la única testimonial que se señala en la inspección realidad a los locatarios del mercado Piracantos, se desprendió que nunca se mencionó sobre las conductas de la cuales específicamente se estaba investigando (…) las personas entrevistadas manifestaron desconocer el hecho denunciado, pese a encontrase laborando el día en que presuntamente ocurrieron los hechos”, expuso.
En respuesta, Gerardo Tavera Ángeles, representante del PRI ante el ente electoral, aseveró que la indagatoria narrada en el proyecto es “exhaustiva”, tiene sustento y fundamento jurídico; además, solicitó dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por la presunta comisión de un delito.
En tanto, Irma Beatriz Chávez Ríos, de Acción Nacional (PAN), afirmó que Ochoa Fernández ha violado las normas electoral desde que buscó ser candidato, por lo que dijo no es una “conducta aislada”, sino reiterada, y las medidas son pertinentes, estimó.
Pudimos verlo en espectaculares en donde eran portadas de revistas, en otros casos eran espectaculares donde llevaban mensajes evidentemente políticos”, expresó sobre la sanción que en el proceso anterior le impuso el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo por actos anticipados de campaña.
En conferencia de prensa, la vocal presidenta del INE en Hidalgo, María del Refugio García López, afirmó que las medidas cautelares no prejuzgan el fondo del asunto, pues se deben realizar más diligencias para tener elementos que permitan determinar si existe o no alguna infracción a la ley electoral. Además, el morenista tendrá derechos de presentar pruebas a su favor en busca de rechazar la imputación en su contra.
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya será quien determine si hay o no elementos para, en un momento dado, sancionar”, expresó.
Tras el denominado acto de “tutela preventiva”, Raúl Becerra Bravo, secretario general del Consejo local, indicó que antes de remitir el caso al TEPJF emplazarán a ambas partes a audiencia e integrarán el expediente.
Sobre la solicitud del PRI de dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el funcionario dijo que se valorará tras concluir las investigaciones.
Editor general, reportero
