La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, precisó que hay 62 quejas en integración por hechos de violencia escolar, por lo cual este tipo de conductas en los planteles de la entidad ya es un foco rojo para el organismo.
Tras la muerte del niño Adriel Moreno Mejía en la primaria Benito Juárez 1930, de Santiago de Anaya, presuntamente derivado del bullying ejercido por dos alumnos, el ente inició la queja de oficio CDHEH-IXM-0034-24.
En entrevista, la ombudsperson pidió no criminalizar a nadie, ante las versiones de la familia de la víctima que señalan como presuntos responsables de golpear al infante a otros menores de edad.
Lo único que pediría es que no se criminalice a ninguna persona, porque estamos trabajando con niñas, niños y adolescentes, y no quisiera que en ningún momento se criminalizaran los hechos si no conocemos el contexto y no tenemos una línea de investigación”, apuntó.
Refirió que, una vez iniciada la queja, la CDHEH están en la tarea de pedir información, solicitar el informe de ley a la autoridad para poder dar seguimiento a la investigación y determinar de qué manera sucedieron los hechos.
Parra Bonilla afirmó que la violencia en los entornos escolares no es un caso aislado, sino un foco rojo para la CDHEH.
Más que externar un llamado a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), dijo, se debe de analizar la situación y ver desde qué perspectiva están sucediendo el abuso escolar.
“No es un hecho aislado, ya tenemos varios asuntos que para nosotros es un foco rojo y estamos en la mejor disposición de coadyuvar, y más bien sería ya nuevamente poner sobre la mesa con las autoridades que la comisión siempre está para coadyuvar para beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes”, dijo.
Entre este compendio de casos que alarma a la CDHEH, recalcó Parra Bonilla, hay 62 quejas en integración con relación a conductas de violencia escolar.
De estas, precisó, cinco provienen de acontecimientos en preescolares, 35 de primaria, 15 de secundaria, cinco de nivel media superior y dos de educación superior. De ellos, tres quejas fueron iniciadas en 2024.
“Es un tema que nosotros ya tenemos en el radar, hemos estado platicando, debo reconocer que la Secretaría de Educación Pública, cuando hicimos la recomendación hace unos meses, hemos tenido el seguimiento y la apertura para poder coadyuvar, entonces queremos que sea un tema que se ponga sobre la mesa y se atienda desde diferentes enfoques”, añadió.
Estos, subrayó, son la situación de la salud, las dinámicas sociales, si son resultado de las condiciones de aislamiento por el Covid-19, u otras circunstancias.
En cada uno de los asuntos se busca que las víctimas no sean sometido a violencia institucional, tengan protección contra cualquier forma de violencia, la reparación integral del daño y a una educación libre de violencia, expuso la ombudsperson.
Respecto del actuar de la SEPH, la funcionaria afirmó que la dependencia no se deslindó de los casos.
Manifestó que están en tiempo, bajo el plazo administrativo, para obtener una respuesta de la institución y hacer la investigación, cuyo periodo de contestación es cuatro meses o más si el asunto lo requiere por las averiguaciones.
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