La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió la denuncia contra quienes resulten responsables del municipio de Metztitlán por presunta falsedad de declaración, además de pedir al Congreso estatal investigue la serie de anomalías y omisiones en las que incurrió el ayuntamiento junto a su Órgano de Control Interno (OIC) para establecer el área de retención municipal, del cual aún carecen.
Este día, la presidenta de la CDHEH, Ana Karen Parra Bonilla, presentó la recomendación que se hizo a los ayuntamientos de Metztitlán, así como de San Agustín Metzquititlán bajo el número R-ZA-0001-24 del expediente CDHEH-ZA-0090-23, que se desprende de la falta de construcción del área de retención municipal en el primer municipio, y con ello el traslado irregular de personas detenidas de esta demarcación al municipio vecino, sin ningún tipo de protocolo y herramienta jurídica que justifique esta maniobra.
Afirmó que los derechos violatorios fueron a no ser sometido a violencia institucional, a la suficiente protección de personas, a no ser sujeto de incomunicación, a la debida diligencia, a la fundamentación y motivación y al derecho a una valoración y certificación médico.
Esta práctica además de ser inadecuada y a todas luces violatoria de derechos humanos, reveló una serie de deficiencias significativas en materia de seguridad y justicia en ambos municipios”, denunció la ombudsperson estatal.
La funcionaria expuso que previamente a los encuentros que sostuvieron con las autoridades de Metztitlán, estas alegaron que no contaban con presupuesto suficiente para emprender la acción de construcción de un área de retención municipal, lo cual se le exigió desde la pasada recomendación que se derivó de la inspección de estos puntos conocidos como barandillas.
Ante el intento de justificación, Parra Bonilla recriminó que un alegato así no puede estar por encima de los derechos humanos.
La presidenta de la CDHEH confirmó que por estos hechos se tiene como autoridades responsables al presidente municipal de Metztitlán Alfredo Morales Mora; la coordinadora del ayuntamiento; el exdirector de Seguridad Pública y Tránsito; el actual de titular de esa dependencia; el conciliador municipal, junto al titular del OIC; mientras que de San Agustín Metzquititlán, al alcalde Manuel Téllez Romero, junto a su director de Seguridad Pública y Tránsito.
Parra Bonilla anunció que la comisión procedió a presentar la denuncia correspondiente por falsedad de declaración en los dichos realizados por las autoridades de Metztitlán, investigación que ahora está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) bajo la NUC:12-2024-01654, misma que se presentó el ayer.
De igual forma, se dio vista al Congreso de Hidalgo para que investigue las acciones y omisiones en que incurrieron las autoridades de Metztitlán ante el incumplimiento de la construcción de un área de retención municipal. También que considere las faltas administrativas en las que incurrieron ambos municipios por la falta de instrumentos jurídicos que justifiquen el traslado de detenidos de un municipio a otro.
Además, la omisión en la que incurrió el titular del OIC del ayuntamiento de Metztitlán, al no haber iniciado de manera oficiosa la investigación en contra de las personas servidoras públicas encargadas de ejecutar acciones para construir el área de retención.
A este personaje también se le encomendó el emprender una investigación en contra del conciliador municipal en atención a los expedientes de las personas detenidas, ya que estas no están debidamente requisitadas y con un inadecuado control.
También se dio vista al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública para que inspeccione el ejercicio de los recursos que le asignó a Metztitlán provenientes del Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun), el cual se pudo emplearse para edificar el área de retención municipal.
La ombudsperson que las instancias ya fueron notificadas, mientras que a los municipios vinculados en la recomendación se les hizo llegar la misma el 31 de enero, por lo que cuales tendrán 10 días para aceptarla o rechazarla.
Editor general, reportero
