Por opacidad e incumplimiento, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental de Hidalgo (Itaih) impuso sanciones económicas por más de 907 mil pesos, pendientes de ratificarse, por el incumplimiento a amonestaciones públicas y por no responder al requerimiento del titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado.
Al presentar el informe de actividades del Itaih a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso estatal, la comisionada presidenta de este ente autónomo estatal, Myrna Rocío Moncada Mahuem, confirmó que existen diversos montos por conceptos de sanción a los funcionarios y entes.
Indicó que existen dos conceptos de sanciones que suman 907 mil 725 pesos, mismos que están pendientes de ejecutarse por parte de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda estatal.
Las multas que imponga el Itaih se convertirán en créditos fiscales y se harán efectivas a través de la Secretaría de Hacienda, en específico, Procuraduría Fiscal, tal cual es”, indicó con base en el artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
En el desglose de información, Moncada Mahuem refirió que el instituto ha atendido el incumplimiento de los entes públicos, por lo que aplicó medidas de apremio con 587 amonestaciones públicas durante el período del ejercicio que informa.
Indicó que persistió la conducta del incumplimiento a la amonestación pública, por lo que el Consejo General del Itaih aprobó la imposición de 45 medidas de apremio consistentes en multas a los servidores públicos o encargados de la carga de la información.
Esto se reflejó en sanciones económicas a dichas personas de los municipios de Agua Blanca, Chilcuautla, Acaxochitlán, Atotonilco de Tula, Calnali, Progreso de Obregón, Tepeji del Río Ocampo, Xochiatipan, Huazalingo, Huehuetla, Jacala, La Misión, Mixquiahuala, Pacula y Tepetitlán, junto a los encargados del Partido del Trabajo, así como a los Sindicatos del Tlaxcoapan y Apan.
La multa equivale a 150 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que se traduce en 15 mil 561 pesos por cada uno, lo cual asciende a los 700 mil 245 pesos.
La presidenta añadió otra agravante en materia de transparencia, que es la falta de atención a los requerimientos emitidos por el Itaih en tiempo y forma, contra el servidor público infractor: algunos de los sujetos obligados no respondieron adecuadamente al requerimiento que hizo el titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado.
Lo anterior derivó en sancionar económicamente contra ocho personas, seis servidores públicos y dos encargados o responsables de la unidad de transparencia provenientes del ayuntamiento de Singuilucan, Tecozautla, Tezontepec de Aldama, Tlanalapa, Zimapán, La Misión, así como de los sindicato de trabajadores de Emiliano Zapata y Tlanalapa.
La sangría para ellos equivale a 250 UMAS, que son 25 mil 935 para cada infractor, que en conjunto hacen una cantidad de 207 mil 480, pesos. Este recurso no se eroga por parte de las alcaldías o entes donde trabajan dichos infractores, sino que el pago de la multa proviene de los bolsillos de los individuos señalados.
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Del monto recabado, solo el 50 por ciento corresponderá al Itaih, que lo destinará para el mejoramiento de la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública, dijo la presidenta.
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