El encargado de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, afirmó que la institución presentó ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJH) ocho demandas de extinción de dominio para la recuperación de activos de la llamada Estafa Siniestro, esquema de desvíos que involucra a edil y exfuncionarios de la administración del ahora embajador Omar Fayad Meneses.
Estamos solicitando que se den ya las audiencias iniciales en temas de narcomenudeo y secuestro, pero también de enriquecimiento ilícito para que podamos extinguir el dominio y que esto pase al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ese es el proceso que estamos siguiendo en este momento”, expuso.
Recordó que hay dos órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar contra exfuncionarios de primer nivel jerárquico de la pasada administración (el excontralor César Román Mora Velazquez y el extitular de Educación Pública Atilano Rodriguez Hernández); además, indicó que integran dos carpetas de investigación más contra otros exsecretarios de Fayad Meneses.
“El objetivo es hacer un corte de la Estafa Siniestra, la recuperación de los activos, que es la parte central”, expuso.
De los ediles vinculado a proceso por este esquema de desvió de recursos, Nieto Castillo agregó que esperan poder entregar en próximas fechas los criterios de oportunidad a los presidentes municipales que han colaborado para llegar “al segundo nivel” de responsables. Entre ellos están el de Yahualica, Epazoyucan, Huautla y Tlahuelilpan, algunos ha aportados información e inclusive ya han hecho parte de la reparación del daño, dijo.
POR EXTORCIÓN EN TIZAYUCA, 21 ÓRDENES DE APREHENSIÓN
Nieto Castillo indicó que hay 21 órdenes de aprehensión pendiente de cumplimentar por el caso de los extorsionadores de transportista de las líneas de Tizayuca.
Afirmó que están a la espera de información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para ejecutar las órdenes judiciales, pue algunos implicados alegan homonimia.
Indicó que ayer una juzgadora federal especializada negó a la PGJH la conservación de datos de líneas telefónicas (datos reservados) de un implicado, por lo que presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El argumento que esgrimió en el tema relacionado con la extorsión a transportistas de Tizayuca fue que se trataba de un tema de delincuencia organizada y era de competencia federal, cuando el delito de extorsión o el delito de secuestro son competencia del fuero común y tenemos competencia concurrente”, expuso.
Recordó que hay tres personas con prisión preventiva justificada relacionadas con la banda de extorsiones en el sur del estado y Edomex.
“La idea es desarticular a este grupo que tanto daño esta haciendo a Tizayuca”, expresó el exfuncionario federal.
Editor general, reportero
